Temas Procesales
LA RELEVANCIA DE LA ORALIDAD EN LOS PROCESOS

                                                                                                             Por: Armando Cardozo Saravia

Los principios procesales son los criterios esenciales, la directriz que debe guiar el actuar y sobre los cuales los jueces deben encarar los procesos. Este criterio o directriz en la forma en la que deben actuar los Jueces y Tribunales, es un principio constitucional (artículo 180 numeral 1. de la Cónstitución Pólitica del Estado) siendo la norma suprema del país esta sobre todo otro tipo de norma y debe ser por tanto la guia de todo juez. Así lo expresa el jurista Alan Vargas al comentar la Ley 439 - Código Procesal Civil - (Principios del Nuevo Código Procesal Civil de Bolivia (Parte I) 20/01/2014 en https://www.ichdp.cl/principios-del-nuevo-codigo-procesal-civil-de-bolivia-parte-i/) resaltaba que: el Principio de Oralidad, pretende poner en evidencia que “la oralidad es la forma (principal) de desarrollar el proceso, sin perjuicio de la escritura en los actos establecidos por la ley”. (artículo 1° numeral 1° de la Ley 439) y no se ha justificado su supresión, dado que es la característica esencial de la nueva normativa.

Si bien el principio de oralidad no es excluyente, que determinadas actuaciones utilicen la modalidad escriturada, cuando así lo requieran, sobre todo a efectos de dejar constancia de lo actuado en determinado proceso, para conocimiento público y verificación de las partes. Sin embargo el Titulo Sexto de la Ley 439 que establece los medios de impugnación de las Resoluciones Judiciales, reconoce el recurso de reposición que se podrá plantear en la misma audiencia y será resuelto en forma inmediata, y cuando haya sido formulada fuera de audiencias se debe correr en traslado por el plazo de tres días y con respuesta o sin ella, será resuelta sin más trámite, es decir se entiende en un plazo no mayor a los tres días.

El Capítulo Tercero del Titulo Sexto de la Ley 439, entre los artículos 256 al 269 establece el tramite de la apelación y si bien establece un procedimiento para los casos en que se deba producir más prueba en segunda instancia y se deberá fijar audiencia en el plazo de 15 días parara ese fin. Sin embargo cuando no existe la necesidad de producir más prueba, no existe razón ni motivo para que el Tribunal de Apelación no fije una audiencia para que las partes puedan formular sus conclusiones y el Tribunal de forma inmediata proceda al pronunciamiento del Auto de Vista, respetando el principio constitucional del artículo 180 de la Constitución Política antes señalada y en estricto cumplimiento del primer artículo y el numeral 1° del propio Código Procesal Civil, que siendo norma procesal de orden público es de cumplimiento obligatorio, y por ser norma específica debería guiar o tenerse como directriz en las actuaciones de los Tribunales de Apelación.

 

Creemos que no existe razón o fundamento alguno relativamente valido para sustentar que deba mantener el sistema escriturado e identica posición creemos que deba aplicarse con los recursos de casación que no existe razón o motivo para que no puedan ser respetuosas de la oralidad en los proceso civiles, extremo que permite y facilita a las partes como a los miembros de los tribunales del respeto además al principio de inmediatez y la posibilidad de mejor comprensión en los alcances y contenido de los fallos de apelación y casación, contribuye a la posibilidad de las aclaraciones que sean precisas en la propia audiencia y no da margen a dudas sobre su contenido.

 

En raón de tiempo y plazos, ello permitiría a nuestro juicio, si se mantiene que las conclusiones de las partes no sea mayor a los 10 minutos, y que los miembros del Tribunal pudiesen fundamentar su decisión en plazos no mayores a 20 minutos; se podría claramente establecer que los Tribunales de Apelación y Casación pudiesen resolver entre tres y cuatro causas en el transcurso de la mañana y similar numero en el transcurso de la tarde, lo que contribuiría a evitar la retardación de justicia, brindaría transparencia a la administración de justicia y contribuiría a una dinamica en sus actuaciones, que contribuya a fortalecer la imagen de institucionalidad y podría a los miembros de los distintos tribunales en la palestra pública de forma que se brinde no solo transparencia, sino que además contribuye a brindar una predecible forma de resolución de las causas.

                                                                                                               Sucre, 29 de diciembre del 2021

Inventos e Instructivos Judiciales

Por: Armando Cardozo Saravia

En las Secretarías de los distintos despachos judiciales, sean de Juez o Tribunal, es frecuente escuchar a los funcionarios judiciales, solicitar determinadas formalidades o requisitos para determinadas actuaciones judiciales, y cuando se les consulta ¿Porque? la respuesta es casi siempre la misma: así siempre se hizo; es instrucción del Juez o Tribunal o simplemente son “instrucciones superiores”; y con ello se introducen prácticas burocráticas que además de generar demoras procesales, en algunos casos importan violación de la norma procesal, además de costos adicionales a las partes en un proceso.  Estas actuaciones que en muchos casos son inventos del Juzgador o Instructivos Judiciales que vulneran el principio de celeridad y de gratuidad en la administración de justicia; regularmente no es un tema que se discute cuando se debate sobre las deficiencias de la Administración de Justicia.  Pero estas pequeñas actuaciones afectan en definitiva al conjunto del proceso, como la gota que labra la piedra y termina deformando esa piedra con más agresividad impresionante, idéntico efecto tienen esas deformaciones procesales.

 

Por ejemplo la decisión de los Juzgadores de no recibir en audiencia a los abogados patrocinantes o las partes; acaso eso no es ir contra el principio de inmediación.  Cuando esa audiencia le permite al abogado o la parte poner en su conocimiento sus preocupaciones, angustias y/o aclaración inmediata a una duda.  Es evidente que esa práctica se ha vuelto una práctica ante las denuncias y grabaciones sobre casos de sobornos; pero la solución de que todos los juzgadores no reciban audiencias, supone reconocer que todos los jueces o miembros de un tribunal son sobornables; cuando se puede mantener un derecho legítimo por el principio de inmediación de poder absolver dudas que surgen en la tramitación de una causa.

 

En algunos despachos judiciales, tratándose de personas jurídicas, exigen que el poder o mandato que se confiere para las acciones judiciales, debe señalarse con nombre y apellido a quienes podrá iniciar acciones judiciales.  Esa exigencia del Juzgador es asumir una facultad que no le corresponde y porque además supone que no todos son iguales ante la ley. 1) Porque se pide a ciertas personas jurídicas y no a todas, cuando se trata de personas jurídicas que brindan servicios ¿tendrán que incluir a toda la lista de sus clientes y actualizar dichas listas cada cierto tiempo? ¿Por qué no se exige a los Bancos? ¿Es que la Ley no es igual para todos? pues todo cliente siempre es un potencial deudor que puede volverse moroso. Lo que supone introducir una exigencia no prevista en el artículo 42 de la Ley 439.  2) Pero es una atribución que no le corresponde asumir al Juzgador, para eso la Ley procesal confiere al demandado la facultad de formular la excepción de impersonería, por lo que estando señalado el demandante, el Juzgador no tendría que exigir que el poder deba exigir que conste el nombre y apellido en el mandato, porque corresponderá al demandado el formular la excepción de impersonería si fuese el caso, como tiene previsto el inciso 2) del artículo 128 que es una norma reservada al demandado o los demandados.

En algunos despachos judiciales hacen conocer a los abogados patrocinantes, que deben actualizar su inscripción en el Registro Público de Abogados dependiente del Ministerio de Justicia; en franco desconocimiento del artículo 8 numeral 14 de la Ley 843 (Ley de la Abogacía) que reconoce que los abogados pueden estar registrados ante el Ministerio de Justicia y/o ante los Colegios Departamentales de Abogados.

 

El Tribunal Supremo por Acuerdo de Sala Plena N° 189/2017 aprobó un protocolo de aplicación del Código Procesal Civil, que si se lo revisa se podrá apreciar que no es más que una recopilación de normas constitucionales, de la Ley 025 y procesales además de aquellas referidas a la Ley de Conciliación y Arbitraje.  Es decir que solo resulta una compilación de normas en relación al proceso civil.  Nos preguntamos, ¿Era necesario? ello se resuelve simplemente con que los Jueces y Tribunales en materia Civil se preocupen de revisar con el debido cuidado todas las normas que tienen a su mano, en nuestro juicio no era un supuesto Protocolo que además no comprenden todas las posibilidades de actuaciones y por tanto de aplicación del Código Procesal Civil; es decir que el Tribunal Supremo de Justicia introdujo un documento innecesario.

 

Sucre, 12 de agosto del 2022